La aplicación de la normativa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que permite dejar exentos de pago aquellos inmuebles declarados como edificios singulares o patrimonio histórico siempre ha supuesto una merma de ingresos para los municipios y un motivo histórico de queja de los mismos. Con más motivo por el hecho de que en numerosos casos en estos edificios se realizan actividades económicas lucrativas y esto supone claramente un ejemplo de falta de equidad fiscal. Por ello, es imprescindible una validación sistemática de los datos del padrón de IBI de los municipios para detectar casos de mala aplicación de la exención por la consideración de edificio singular o patrimonio histórico.

Por otro lado, y en casos observados por CGI en algunos ayuntamientos, estas exenciones se han aplicado en el pasado para algunos inmuebles de forma inadecuada. Por ello en el plan de arranque que ejecuta CGI al corresponsabilizarse de la aplicación de tributos de un nuevo cliente se incluye la tarea de validar las exenciones por patrimonio artístico. Los resultados alcanzados han demostrado que es una tarea muy provechosa.

Este no es un tema menor para algunos municipios que cuentan con importantes cascos históricos, ya que la merma de ingresos puede suponer un importante porcentaje del padrón del IBI de forma continuada año tras año.

Un reciente cambio de normativa permitió corregir en parte esta situación dejando sólo exentos los edificios históricos que sean vivienda y aquellos en que se desarrollen actividades de interés general, como museos o fundaciones. Ya la mera aplicación de este cambio está suponiendo para muchos municipios una necesidad imperiosa de realizar una validación sistematizada de los datos del IBI para cambiar la situación de estos inmuebles, y por tanto tener que acometer esta tarea.

Pero en muchos municipios hace falta ir más allá y hacer una profunda investigación y revisión de casos en los que están marcados como patrimonio histórico edificios que ni tan sólo lo son, y que en su día quedaron exentos por la incorrecta aplicación de la norma, ya sea de forma errónea o dolosa. Y para ello hacen falta no sólo medios materiales sino una voluntad clara por parte del ayuntamiento de revertir situaciones que se han mantenido erróneamente ventajosas para algunos ciudadanos o empresas durante mucho tiempo. En esta situación es en la que una visión e intervención de una empresa especializada puede ayudar de forma muy eficaz, aportando una visión objetiva, que de otro modo el ayuntamiento quizás no se atrevería a realizar por motivos de imagen o de inconveniencia política.