Se estima que cada año se expiden dos millones y medio de multas a extranjeros en España, y buena parte de ellas las imponen los ayuntamientos. Hasta ahora la mayor parte de las mismas, si no se cobraban al momento, se archivaban porque no salía a cuenta activar el proceso para su cobro. Ahora ya es posible cobrarlas pero para ello es imprescindible poner en marcha 5 acciones clave para asegurar unos ingresos que hasta hoy se daban sistemáticamente por perdidos.

Decenas de millones de euros no recaudados cada año por los ayuntamientos ante la imposibilidad de cobrar sanciones de tráfico, seguridad vial o aparcamiento a conductores y vehículos extranjeros. Éste ha sido hasta hoy el panorama habitual en muchos ayuntamientos españoles. Los que más sufren esta situación son los municipios situados en zonas turísticas, cuyos agentes de policía local ven cada día como muchas multas, al no poder ser entregadas en mano a sus infractores y poder facilitar así su cobro inmediato con bonificación, pasan a engrosar una remesa que en el mejor de los casos acabará con una comunicación fallida y a un coste tan alto que no compensa en absoluto el esfuerzo para el cobro de un importe que de media se sitúa en torno a los 40€. De esta forma, no sólo se trata de una pérdida de recursos para las entidades locales, sino que traslada una perjudicial señal de impunidad a los turistas que nos visitan y que se traduce en un impermeabilidad total al cumplimiento de normas por parte de los mismos.

Por los datos que ha podido observar CGI en sus servicios orientados al cobro de estas multas y que ya desarrolla en diversos ayuntamientos españoles, como Fuengirola (Andalucía) o Alaior (Menorca), la magnitud del problema no es nada desdeñable. En Alaior, por ejemplo, un 8% de las denuncias tienen un infractor extranjero. En otros municipios, como La Oliva (Canarias) o Santander (Cantabria), las cifras se sitúan entre un 2 y un 5% del total de sanciones.

La tecnología, la colaboración con empresas especializadas y unos procedimientos sistematizados han comenzado a revertir esta situación y a obtener resultados. Ante la imposibilidad de abrir la vía ejecutiva, en estos casos hay que poner el empeño en hacerlo todo muy bien desde el mismo momento de la denuncia para que el sancionado se preste a pagar en voluntaria.

Las 5 claves para obtener resultados positivos en cobros de multas a extranjeros son:

1. Ser rápido.

Al no poder establecer a la práctica la vía ejecutiva en este tipo de sanciones, la rapidez en la fase voluntaria y en especial en el proceso de notificación es esencial. Traslada a la persona extranjera una clara imagen de firmeza en la reclamación y es un paso vital para que sea consciente de su falta y de que debe realizar el pago. Si esta notificación es rápida hasta puede beneficiarse de bonificaciones, y eso será una ayuda más que facilitará el pago. Por eso recomendamos a los ayuntamientos que las remesas de este tipo de multas sean facilitadas al menos cada quince días para activar cuanto antes el procedimiento de notificación.

2. Localizar y notificar bien a los denunciados.

Que efectivamente llegue la multa al domicilio de su destinatario es esencial en el proceso. Una vez se cuenta con la matrícula del vehículo extranjero sancionado o se ha identificado el nombre y dirección del conductor foráneo de un coche de alquiler multado, la indagación y depuración de direcciones postales en distintos países europeos, mediante el acceso a datos de las autoridades locales de los mismos, es esencial para la notificación correcta. Se trata de un trabajo meticuloso y que no está al alcance de los recursos disponibles por los ayuntamientos, con lo cual la colaboración con una empresa como CGI resulta imprescindible. A su vez, conseguir que la notificación sea eficaz es otro reto importante.

3. Hablar en el idioma del denunciado.

Puede parecer una obviedad, pero en este punto reside la capacidad persuasiva de la notificación. Para ello hay que redactarlas en inglés, francés, alemán, italiano,…en definitiva, en la lengua que corresponda. Contar con modelos y textos estandarizados facilitan este trabajo. Esta clave no sólo se aplica a la notificación, sino también a las posibles alegaciones y a la atención telefónica al denunciado. En el primer caso, el servicio de CGI incluye la traducción al castellano u otra lengua cooficial de las alegaciones interpuestas por el denunciado (por ejemplo, si ya realizó el pago in-situ y que no quedó debidamente registrado, como sucede en algunas ocasiones), y también a la inversa, traduciendo la respuesta del ayuntamiento. En el caso de la atención telefónica este aspecto es aún más crucial, una respuesta adecuada y ágil puede hacer incrementar el pago inmediato y por esa misma vía.

4. Facilitar el pago.

Cuando el infractor está a miles de kilómetros de nuestro ayuntamiento no hay otra alternativa más que establecer una pasarela de pago on-line segura. Para recibir estos pagos con tarjeta de crédito el Terminal Punto de Venta (TPV) de CGI garantiza este extremo y asegura que las cantidades abonadas se ingresan directamente en la cuenta del propio ayuntamiento. Previamente el denunciado podrá consultar a través de internet los detalles de la infracción mediante un código y clave exclusivos facilitados en la notificación. Alternativamente pueden facilitarse en dicha notificación otros medios de pago, como por ejemplo la transferencia bancaria.

5. Colaboración público-privada y a éxito.

De no cobrar nada a poder liquidar hasta un 50% de las multas impuestas a extranjeros es una mejora nada menospreciable en los ingresos municipales y en la defensa de la disciplina viaria. Ello solo es factible si se apoya en empresas privadas que, además de garantizar agilidad y solvencia, sólo ganen si son capaces de obtener resultados. Por tanto, el ayuntamiento no tiene nada que perder y mucho a ganar con este servicio. Y, yendo un poco más allá, CGI ofrece mejorar desde la base el proceso de tramitación de multas, con el uso sobre el terreno de dispositivos móviles (PDA) por parte de los agentes municipales y el despliegue de notificadores especializados, de forma que el proceso puede ser aún más rápido y eficaz.

Por último y no menos importante, todas estas claves deben enmarcarse necesariamente en un estricto cumplimiento del marco legal de tramitación y de protección de datos. En este sentido CGI efectúa todas las gestiones a que afectan estos procedimientos con respeto a las exigencias de la Ley de Protección de Datos. Los movimientos de notificaciones, alegaciones, comunicaciones,… que requieren la intervención de colaboradores externos a la empresa se circunscriben en el ámbito de exhaustivos acuerdos en cuanto al tratamiento de datos para cada uno de los ayuntamientos clientes.