Joaquim Solé Vilanova es economista y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. Profesor apasionado y brillante, es experto en financiación autonómica y local, ha publicado numerosos artículos y colabora en medios de comunicación, con su estilo siempre divulgativo y didáctico, pero sin perder nunca el rigor académico y el enfoque de racionalidad económica. Desde 1987 dirige el Máster de Hacienda Autonómica y Local (Másterhal), el curso de postgrado de referencia en el ámbito de la gestión pública que aporta una perspectiva práctica y útil para los economistas que trabajan en las Administraciones Públicas, y en el que CGI colabora desde hace dos años. En esta conversación hemos hablado con él de la situación de las finanzas municipales y de cómo deben adaptarse profesionalmente los trabajadores públicos ante los retos de gestión económica en las entidades locales.
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En octubre comenzará la 30ª edición del Máster de Hacienda Autonómica y Local de la Universidad de Barcelona, han pasado casi 600 alumnos, la mayoría de los cuales trabajan en el área económica de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, como directivos, habilitados o técnicos, y también han pasado por él cargos electos. No es fácil conseguir estas cifras de longevidad en el competitivo mundo de la formación post-universitaria. ¿Nos cuentas el secreto?
Ningún secreto en concreto, pero seguramente son múltiples factores. Sobre todo una gran estima, interés y pasión por la realidad local, aquella “que se ve» y es más próxima al ciudadano. Mi vocación es siempre combinar la teoría con el análisis y la práctica, y sobre todo con el ánimo de ser útil. Siempre he creído que el economista tiene un papel en la Administración Pública y que faltaban estos perfiles. Creo que a través del máster hemos abierto una puerta de entrada a la Administración a licenciados en economía que quizás no veían suficientemente atractivo trabajar en el sector público, y gracias al máster han podido encontrar trabajo en entidades públicas y ganar oposiciones. Por último, no es un secreto, pero creo que si estás convencido de lo que estás haciendo, tienes la virtud de la perseverancia y miras siempre de no caer en la rutina e innovar en los formatos y los contenidos, el alumno lo reconoce y lo premia. Aparte de todo esto, ¡a mí me encanta la docencia!
Seguramente el máster ha ayudado a profesionalizar el sector público y esto ha ayudado a mejorar el nivel técnico de la gestión autonómica y local.
Bueno, esta me parece una misión muy profunda y no era nuestro propósito cuando empezamos con el profesor Antoni Castells, pero si miro atrás y veo los resultados estoy de acuerdo en que hemos contribuido a ello. Sobre todo porque hemos conseguido que el economista haga el papel de pensar en la equidad, la eficiencia y la gestión desde dentro de las entidades públicas. El economista que está haciendo de interventor debe tener claro que su rol no es sólo cumplir la ley, esto se da por supuesto, sino que debe tratar de optimizar los recursos de los que se dispone. En este sentido el máster ayuda a dar criterio al economista, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gasto, y le ayuda a entender mejor la situación de un ayuntamiento, distanciándole del día a día, que muchos de ellos conocen a la perfección dado que hace años que trabajan, para que coja una visión más de analista e incluso de directivo de las finanzas municipales. Cuando todavía encuentro ayuntamientos donde a toda el área económica le ponen el nombre de ‘departamento de contabilidad’ significa que aún tenemos que trabajar para que esta visión más global se implante de verdad en todas las administraciones.

«La transparencia es mucho más que colgar el presupuesto en la web, el reto real es informar al ciudadano de forma comprensible»

¿Cómo han evolucionado los contenidos del curso en función de la evolución del sector público?
Pienso que siempre se puede mejorar y en el máster intentamos reflejarlo innovando año a año en los contenidos. El hecho de estar en contacto con los alumnos que trabajan en las Administraciones Públicas me hace dar cuenta de las carencias que manifiestan en cada momento. Por ejemplo, en los últimos años ha habido un interés claro en saber más sobre análisis de costes de los servicios, fruto de la LRSAL, que con la introducción del cálculo del coste efectivo, aunque no sea demasiado útil en la práctica, obliga a entrar en las Administraciones en el tema de los costes. Nos adelantamos y lo introdujimos en nuestro temario hace ya ocho años, cuando todavía ni se hablaba de ello, y esto nos debe llevar a una reflexión, y es que como puede ser que la administración local española no se haya planteado seriamente el tema de los costes hasta los últimos años. Es cierto que puede haber algunas buenas experiencias previas puntuales, como en Gijón o en Sant Cugat, pero en general los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes no han tenido nunca el objetivo de conocer los costes. Lo enlazo con lo que he dicho antes, daban el nombre de departamento de contabilidad pero sólo hacían contabilidad presupuestaria y no analítica. El último tema que hemos introducido este mismo año es la ética y la promoción de la integridad. En los últimos años se habla mucho de corrupción y en el máster introducimos conceptos básicos de ética pública, analizamos carencias en la legislación de cara a denunciar prácticas corruptas, como elaborar y poner en práctica códigos éticos, cómo identificar y evitar riesgos de corrupción, etc. Este módulo, que precisamente se ha impartido por primera vez en abril 2016, está teniendo un altísimo nivel de aceptación, incluso provoca una especie de catarsis en los alumnos, dándoles herramientas para ser no sólo mejores técnicos sino para actuar como auténticos servidores públicos.
Sin embargo, ¿crees que todavía hay conocimientos y habilidades que los economistas en el sector público deben adquirir y / o poner en práctica?
Seguro que sí. Formando en habilidades nos adelantamos al conocimiento adquirido por años de experiencia. Desde hace unos años hemos introducido también algunas habilidades directivas, como la negociación. El técnico económico está negociando constantemente con las otras áreas municipales, con el propio equipo, con los concejales de las áreas de gasto, con su propio concejal de hacienda y a menudo incluso con el alcalde, en poblaciones medianas y pequeñas. Por lo tanto necesita herramientas. También damos herramientas para que sepa trabajar en equipo, no sólo para dirigir a su equipo y con los compañeros de su propia área económica, sino también de forma transversal con las áreas de gasto. Por ejemplo, si un ayuntamiento quiere mejorar su servicio de escuelas de música, el área de intervención o de hacienda debe saber trabajar en colaboración con los gerentes o técnicos de la escuela de música, porque así podrán proponer mejoras organizativas para mejorar el servicio o abaratarlo. Esto sólo se logra con vocación de servicio, escuchando las áreas de gasto y trabajando en la confianza mutua, con equipos mixtos. No se consigue nunca imponiéndose desde el área de intervención.

«El interventor debe tener claro que su papel no es sólo cumplir la ley, esto se da por supuesto, sino que debe tratar de optimizar los recursos de los que se dispone.»

Desde la primera edición del máster hasta ahora la situación legislativa ha ido cambiando en muchos aspectos. Los últimos años de crisis han supuesto un cambio normativo que ha procurado fomentar la estabilidad financiera y el control de la deuda, con el Estado ejerciendo un seguimiento muy exhaustivo de las cuentas municipales. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Cómo ves el funcionamiento actual de las administraciones locales?
Los últimos 8 años de crisis han llevado a una racionalización económica. No era normal lo que pasaba entre los años 2005 y 2008 en las finanzas locales. Ahora se ha introducido además un término que los economistas siempre tenemos que dar por supuesto, que es la sostenibilidad económica. No es un principio de adorno en alguna ley sino que es el tema clave que nos toca velar a los economistas. Las cosas deben ser sostenibles económicamente. Y creo que los ayuntamientos tienen los recursos adecuados y las herramientas para lograr ser sostenibles, tienen capacidad de obtener más ingresos, subir o bajar tipos impositivos, pedir revisiones catastrales para actualizar el IBI, pueden modular las tasas y precios para moderar la demanda de servicios , etc. Por otra parte, este proceso de sostenibilidad también ha llevado a los ayuntamientos a actuar de una forma más racional en las inversiones. Los ayuntamientos que han tenido teatros nuevos sin inaugurar, bibliotecas que no han podido abrir o polideportivos que han tenido que cerrar, han visto que necesitan mecanismos para saber cuánto les costará el mantenimiento y la explotación de las inversiones. Y en este punto creo que hay mucho trabajo por hacer por los economistas, no se puede dejar al arquitecto o al promotor de la obra que haga el estudio de estos costes. Los ayuntamientos deben apoyarse en servicios independientes, ya sean del propio ayuntamiento o en colaboración con una tercera empresa o profesional, porque esto hará que el coste de la propia inversión sea más ajustado y porque sabremos con más certeza que nos costará después hacer funcionar el teatro, la biblioteca o el polideportivo. Porque si se hace un teatro es para representar funciones y conciertos, sino no cumple su objetivo. Debemos saber con detalle todos los costes de funcionamiento del equipamiento y haber diseñado un plan de negocio, y si sale deficitario, que es probable, debemos saber a ciencia cierta si lo podremos cubrir presupuestariamente en los próximos años. Todo esto creo que ya se ha ido mejorando en las administraciones. Por último, como lo que han fallado en los últimos años han sido algunos ingresos, los ayuntamientos han procurado también racionalizarlos, replanteándose tasas y mejorando su gestión.

«Para luchar contra la corrupción no basta con apelar a la conciencia del funcionario, hay que armar buenos sistemas de códigos éticos y acompañarlos de un control, unos procedimientos y un seguimiento constante.»

La racionalización ha provocado, sin embargo, que algunos servicios públicos se hayan visto reducidos.
Seguramente, pero ha sido fruto de un ejercicio de reflexión que los ayuntamientos no hacían cuando había euforia económica y que ahora, con la crisis económica, sí hacen y que es positivo que hagan, por ejemplo en guarderías. En este ámbito se han reducido sustancialmente las aportaciones de las administraciones autonómicas, lo que ha forzado a que el ayuntamiento tenga que preguntarse: ¿recorto el servicio?; ¿mejoro la gestión?; ¿hago pagar más a los usuarios?; ¿racionalizo las tarifas?; o ¿aumento del IBI para cubrir parte de este gasto? Este ejercicio completo que han tenido que hacer los gestores técnicos municipales es positivo en sí mismo, y da argumentos más sólidos y detalla las consecuencias de cada opción para que entonces el político tome las decisiones que correspondan, como representante que es de la ciudadanía. Creo que la crisis nos ha permitido recuperar una noción elemental sobre lo que es la economía: la administración de recursos escasos, y ello implica priorizar el gasto. Además, creo que se ha usado el término ‘recortes’ desde un punto de vista demasiado negativo. Las familias también han tenido que recortar gastos porque les han bajado los ingresos y eso no se puede criticar como una conducta puramente economicista, en el sentido más peyorativo del término, sino que las familias lo han tenido que hacer para ser sostenibles. Esta misma idea la tenemos que trasladar a los ayuntamientos, no se toman decisiones economicistas con el único objetivo de gastar menos sino para garantizar la sostenibilidad económica del municipio.
¿Las Administraciones Locales han saneado adecuadamente sus cuentas en estos últimos años?
Creo que han hecho los deberes, pero no hay que bajar la guardia y siempre se debe velar por tener buena información para tomar las mejores decisiones en ingresos y gastos. Si esto deja de hacerses se puede volver a caer en la tendencia de incurrir en gastos que luego no podremos cubrir a medio plazo.
¿En qué línea crees que todavía hay que mejorar más en la gestión local?
Un tema importante es la transparencia para con el ciudadano. A pesar de que se haya publicado una ley estatal y diversas autonómicas en este sentido, no se trata sólo de cumplirla, sino que debe entenderse que la transparencia se pide por varias razones, quizás la más llamativa es para evitar la corrupción. Pero para mí la más importante es para informar adecuadamente a los ciudadanos, de forma que puedan tomar decisions, y para que sepan que si hacen una demanda de servicios, estos tienen un coste, y que si se quiere más servicio, se deberá pagar. Debe informarse de una forma comprensible. Colgar sólo el presupuesto en la web municipal no es dar una información adecuada, ni siquiera colgar sólo la liquidación. Hay que detallar más y mejor, en el gasto hacerlo por programas o actividades, y en los ingresos centrándonos en los capítulos 1 al 7, que es el dinero con el que realmente podemos contar y que no incluyen los préstamos, que es dinero que se tiene que devolver. El presupuesto es un instrumento de gestión, no de información para el ciudadano. En este campo de la comunicación al ciudadano creo que hay mucho terreno por recorrer. Es una habilidad más a trabajar entre los gestores municipales, transformar en divulgativos los contenidos técnicos y que sean comprensibles para no expertos, y es algo en lo que seguro que también puede ayudar un apoyo profesional externo a las administraciones.
Desgraciadamente siguen saliendo a la luz casos de corrupción en las administraciones locales. La justicia trabaja y hay un demanda ciudadana para acabar con ello, pero ¿qué crees que habría que hacer en el ámbito de la gestión municipal para que estas prácticas no se repiten?
Estamos ante un cambio político regeneracionista que me recuerda, salvando muchas distancias, los cambios vividos en la Transición. Hay una generación que quiere que las cosas se hagan de otra manera, con otro estilo, y esto es una protesta que está en el telón de fondo de la situación actual. Es cierto que ha habido corrupción vinculada a servicios externos, que han pagado favores o privilegios, pero esto no debe significar que toda la colaboración público-privada es intrínsecamente negativa. Lo que hace falta es trabajar para mejorarla. En primer lugar armando buenos sistemas de códigos éticos. No sólo apelando a la conciencia del funcionario, ni siquiera a un decálogo de buenas prácticas, sino con un control, unos procedimientos y un seguimiento. En segunda instancia, hay que mejorar la contratación pública, en sus diferentes formas, porque creo que hasta ahora las administraciones han tenido poco conocimiento en la materia y no han trabajado con suficiente detalle las contratas. Si esto no se hace bien se van presentando incertidumbres durante la ejecución, hay ambigüedades, a veces no se cumplen los servicios adecuadamente pero no se pueden denunciar con facilidad porque en la contrata no se han previsto adecuadamente estas situaciones, lo que hace que el ayuntamiento esté en manos del proveedor del servicio. Por eso pienso que los ayuntamientos necesitan técnicos formados y consultores expertos, todos con mucha ética, para que les ayuden a hacer bien las contrataciones. No vale copiar el pliego de condiciones del ayuntamiento de al lado, y esto ocurre a menudo.

«Re-municipalizar un servicio no da ninguna garantía de que el servicio se preste mejor.»

Desde las últimas elecciones municipales se ha puesto sobre la mesa con más fuerza el debate de la re-municipalización de servicios. ¿En qué condiciones crees que se deben plantear y definir estos procesos de re-municipalización?
Los ayuntamientos no pueden ser expertos en todo y por eso hay que ir a buscar fuera estas capacidades, pero a pesar de ello uno de los grandes problemas es la enorme asimetría de información. Los grandes expertos son los suministradores y los que tienen poca o nula información son los ayuntamientos. Esto debe re-equilibrarse y se deben buscar los medios para hacerlo posible, reforzando el conocimiento de los ayuntamientos sobre las materias, o bien apoyándose en empresas consultoras que trabajen a tu lado, para que se pueda tener un mejor control sobre los proveedores, pero no suprimiendo la colaboración. Los suministradores no pueden imponer sus contratos, y es cierto que no es modélico lo que estamos viendo en muchas prestaciones de servicios de recogida de residuos o de suministro de aguas, entre otros. Pero por otra parte, remunicipalizando los servicios no tenemos garantías de que el servicio se hará mejor, más bien pienso que la prestación de un servicio por parte de un privado refuerza la competencia y esto puede hacer mejorar los servicios prestados. En definitiva, creo que los ayuntamientos deben hacer valer que son los ‘dueños’ del servicio y deben reclamar y tener la información, porque si no pierden todo su poder.
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