Más de 40 ayuntamientos de toda la geografía española ya han firmado contratos basados en el Acuerdo Marco de la FEMP relativos a los servicios de asistencia técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico.

La rapidez y seguridad en la contratación a través del Acuerdo Marco de multas es solo la primera ventaja de la que disfrutan los ayuntamientos que apuestan por la Central de Contratación. Una vez puesta en marcha la colaboración, con la experiencia acumulada en decenas de ayuntamientos que ya han firmado un contrato basado con CGI y el apoyo de las herramientas de análisis interno que se ponen a disposición de cada proyecto, se confirma la mejora cualitativa y cuantitativa en cada entidad en todo lo que se refiere a la gestión y recaudación de las multas de tráfico. Veamos unos cuantos ejemplos.

Los dispositivos móviles son una herramienta clave para los agentes de Policía Local

En los ayuntamientos de  Puerto del Rosario (Fuerteventura), Valdemorillo y Hoyo de Manzanares (Comunidad de Madrid), la puesta en marcha de dispositivos móviles para los agentes de Policía Local, con sus aplicaciones asociadas y conectadas con la DGT, han comportado un gran avance, ya que su funcionamiento se ha traducido en una mayor rapidez en la tramitación, así como en una reducción del número de errores en los datos de las denuncias. Para la eficiencia del proceso es clave que los ayuntamientos dispongan de convenios firmados y vigentes con la DGT, las empresas notificadoras y las entidades bancarias, ya que ello garantiza el cumplimiento de plazos y contribuye decisivamente en la mejora de ingresos.

La tecnología y una tramitación eficaz de las sanciones permiten mejorar la disciplina viaria

Dando un paso más allá, algunos ayuntamientos, como los de  Villarrobledo (Albacete), Azuqueca de Henares (Guadalajara)  y  Valle de Egüés (Navarra) han apostado firmemente por mejorar la disciplina viaria mediante el uso de dispositivos que detectan infracciones de un modo automático. Así, en Villarrobledo se han instalado radares móviles para el control de velocidad, y tanto en esta localidad como en Valle de Egüés se han instalado dispositivos “foto rojo” para el control de vehículos que se saltan semáforos. Estos dispositivos consiguen reducir la velocidad de los conductores y sobre todo los atropellos, pero de nada servirían a este objetivo de rebajar la velocidad en los centros urbanos si no se tramitan eficazmente las sanciones que se derivan de los mismos.

En estos y otros municipios se llevan a cabo campañas de detección de alcohol y drogas en conductores, enfocadas a la mejora de la seguridad vial, y estas denuncias también se tramitan en el ámbito del contrato basado en el Acuerdo Marco. En este contexto, la Ilma. Alcaldesa de Valle de Egüés, Amaia Larraya, subraya que ”la concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir la contaminación va en aumento, y también sobre los peligros de la conducción irresponsable, pero eso no nos debe hacer olvidar que la disciplina viaria pasa por hacer cumplir las normas, si cabe con las sanciones, bien tramitadas en tiempo y forma y como un complemento educacional clave”.

Otra serie de acciones relacionadas con la digitalización de los procesos son las que han mejorado la gestión en el Ayuntamiento de  Rocafort (Valencia). Entre ellas, además del uso de dispositivos móviles, están el cobro con Cuaderno 60 que agiliza la aplicación de los ingresos, la recepción de notificaciones con imágenes de la infracción (o enlace a web para su visualización), la comunicación de la detracción de puntos a la DGT mediante fichero y la mayor automatización de las publicaciones en el BOE.

Aumento de los ingresos consolidable en el tiempo

Una de las entidades con mayor trayectoria en materia de contratos basados en Acuerdos Marco de la FEMP es el Ayuntamiento de  Arrecife (Lanzarote), ya que desde junio de 2016 dispone de este servicio para mejorar la gestión y recaudación de sus multas. En su caso ha experimentado un notable aumento del 250% en la recaudación neta de las multas por infracciones a la Ordenanza de Circulación (fuente: rendiciondecuentas.es). Como apunta la Concejal Delegada de la Unidad de Infracciones de este Ayuntamiento, Doña Elisabet Merino Betancort, “no se trata de poner más multas sino de cobrar las existentes. Dimos un gran salto en la recaudación y hemos mantenido la cifra año tras año, en gran medida debido al buen control de gestión y al cumplimiento de plazos en las notificaciones, además de facilitar el pago a los denunciados”. La puesta en marcha de un TPV virtual, si los ayuntamientos autorizan que se implante en la web municipal, es una herramienta clave para ello.

Una de las principales herramientas que se pone a disposición de los ayuntamientos son los cuadros de mando que permiten observar rápidamente los principales indicadores. Además de los resultados globales, se muestran cuáles son las infracciones más comunes, qué vías municipales presentan más incidencias, en qué días y horarios es necesario reforzar los turnos, etc. Estos y otros datos son consultables por cada Ayuntamiento gracias a la digitalización de los datos, lo que ayuda a la toma de decisiones de mejora, aparte de la coordinación continua entre los responsables municipales y los de CGI por diversos medios (reuniones telemáticas y presenciales, teléfono, e-mail).

Diversos ayuntamientos están tramitando a través del Acuerdo Marco las sanciones derivadas de las restricciones de movilidad por la COVID19

Durante los meses de confinamiento, y ahora por desgracia de nuevo en algunos municipios, se han efectuado en un corto espacio de tiempo miles de denuncias por infracciones, que deben ser tramitadas, lo que supone una carga adicional de trabajo para los ayuntamientos. En fecha 27 de mayo de 2020 se modificó el Acuerdo Marco en materia de multas y los Contratos Basados en el mismo, y se ha incluido en su objeto la gestión y recaudación de las sanciones de competencia municipal que, en su caso, se puedan imponer como consecuencia de infracciones de las medidas y restricciones en materia de circulación de vehículos y peatones por vía pública, en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, por la situación de pandemia de la Covid-19, en los mismos términos y con las mismas condiciones que la gestión de multas de tráfico. Los contratos basados que estaban en vigor antes del 27 de mayo pueden ser modificados fácilmente para incorporar la gestión de este tipo de infracciones, como hicieron en su día ayuntamientos como  Cartaya (Huelva), Torres de la Alameda (Madrid), Valle de Egüés o  Noáin (Navarra), que valoran positivamente que se hayan podido tramitar estas denuncias, evitando de este modo la prescripción de las infracciones.

(artículo publicado en Carta Local nº 339 Octubre 2020). Descargar en .pdf

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