Recaudación ejecutiva en tiempos de Covid-19: foco en empresas y grandes deudores, facilidades de pago y procesos más eficientes

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febrero 1, 2021

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Más de 20 ayuntamientos ya han firmado, a través de la central de Contratación de la FEMP, contratos de servicios de asistencia para la gestión en vía ejecutiva de sus ingresos de derecho público, integrando tecnología y procedimientos que optimizan los datos y mejoran los ingresos a largo plazo.

Como en tantas otras áreas municipales, la situación sanitaria, económica y social determinada por la Covid-19 desde marzo de 2020 ha exigido una adaptación de las actuaciones llevadas a cabo desde el Área de Hacienda, y una consecuencia evidente de ello ha sido un descenso de la recaudación ejecutiva en la mayoría de los ayuntamientos.

CGI se ha alineado con las nuevas directrices de los responsables municipales, que en general han acordado un cambio temporal de prioridades de actuación. Un claro ejemplo de lo anterior es el mayor número de declaraciones de fallido y posteriores derivaciones de deuda de IBI Urbana a las entidades bancarias que constan como titulares actuales de las fincas, en detrimento del número de embargos de sueldos y salarios, así como un notable incremento de los aplazamientos y fraccionamientos de deuda concedidos.

Pese a esta situación, el trabajo continuado en la mejora de procesos de ejecutiva y de depuración de datos es la base sobre la cual los municipios pueden mejorar su recaudación en los próximos meses, con la confianza de que pronto la situación económica general experimente una mejora y también las finanzas municipales inicien un período de recuperación.

 

Un punto de partida común: la necesidad de optimizar los ingresos y reducir la deuda pendiente

La colaboración de CGI permite a los ayuntamientos incorporar experiencia y métodos de trabajo contrastados en otras entidades locales, mejorando sus resultados de recaudación ejecutiva. En Puerto del Rosario (Fuerteventura)la cantidad media recaudada en los 3 últimos ejercicios completos ha representado un 90% de incremento respecto a la etapa anterior y en Viana (Navarra) se ha superado ampliamente ya en el primer año de colaboración -2019- la cantidad media de los ejercicios anteriores.

Además, en ayuntamientos como Cartaya (Huelva), Benetússer (Valencia) o Burjasot (Valencia), en los que la empresa ha empezado a colaborar también en la tramitación y recaudación voluntaria de las multas de tráfico a través de otro contrato basado en un Acuerdo Marco de la FEMP, la recaudación ejecutiva de estos ingresos ha incrementado por el hecho de que se maximiza el número de sanciones firmes que finalizan su plazo en voluntaria sin incidencias de prescripción o caducidad.

En la fase de arranque e implantación, se llevan a cabo diversos trabajos simultáneos (depuración de la deuda pendiente, instalación del circuito informático, análisis de los convenios vigentes de que dispone cada Ayuntamiento, adaptación de modelario, …), lo que suele comportar que el primer año de colaboración sea de transición en cuanto a resultados, pero muy productivo en solidez de datos, obteniendo así una “foto” realista de la deuda a recaudar.

 

Procedimientos masivos y electrónicos para la mejora de resultados

La actuación de CGI se centra en un amplio conjunto de procedimientos y se basa en la utilización y desarrollo de diversas herramientas tecnológicas, lo que redunda en unos procesos más eficientes y se manifiesta en realidades como las siguientes:

  • La integración de los expedientes de recaudación con diversas plataformas de Administración electrónica, incluso para procesos masivos (de manera automatizada), lo que agiliza los procesos de firma y notificación
  • La presentación telemática de documentos en los Registros públicos, que disminuye costes y aumenta la rapidez en la tramitación
  • El acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos (PID), para verificación y consulta de datos de otras AAPP

Entre los procedimientos masivos para la recaudación ejecutiva se realizan:

  • Requerimientos de bienes y derechos a los obligados al pago. Aunque no se trate de una actuación de embargo, su carácter preventivo ha permitido en muchos casos la regularización de la deuda pendiente. En Velilla de San Antonio (Madrid) esta actuación ha tenido una notable efectividad.
  • Procedimientos de embargos de cuentas corrientes a través del cuaderno C63 y con tecnología EDITRAN, que agiliza las respuestas de los bancos y permite un mayor número de intentos. En Valle de Egüés (Navarra) este sistema ha comportado un significativo aumento de ingresos en ejecutiva, habiendo representado este tipo de embargo un 82% de la recaudación en el último ejercicio.
  • Peticiones de información a la TGSS, INSS y SEPE, entre otros, sobre percepciones de sueldos, salarios y/o pensiones, para en los casos positivos emitir órdenes de embargo sobre los mismos
  • Peticiones de información a diversas entidades para posteriores embargos y notificaciones: Colegios de Registradores, bases de datos mercantiles, INE, DGRN, Padrón de Habitantes, etc.
  • Embargos de créditos ante la AEAT a través del modelo 996 (devoluciones de IVA, IS e IRPF) y embargos de créditos (operaciones con terceros, alquileres y pagos por TPV) a partir de la información facilitada por la Hacienda correspondiente
  • Solicitud de información patrimonial a través del convenio de cesión de información con la AEAT sobre depósitos y fondos de inversión, para efectuar un embargo posterior
  • Embargos de devoluciones a través de la colaboración con algunas comunidades autónomas

Procedimientos especializados de ejecutiva para grandes deudores y personas jurídicas

Pese a la situación actual, muchos ayuntamientos siguen teniendo una bolsa de deuda pendiente acumulada de empresas, lo que amplía el rango de actuaciones y las posibilidades de cobro. Una vez identificados los expedientes con un mayor potencial recaudatorio, los procedimientos individualizados de recaudación ejecutiva que se realizan son:

  • Embargos de derechos sobre bienes inmuebles, valoraciones y subastas. Algunos ayuntamientos como Velilla de San Antonio o Torres de la Alameda (Madrid) ya efectúan desde hace tiempo las subastas electrónicas en el Portal del BOE. En Almassora (Castellón), después de subastas desiertas, en algunos casos el bien en cuestión ha resultado de utilidad para finalidades municipales, por lo que el expediente ejecutivo ha finalizado con adjudicación de la finca a la Hacienda Pública.
  • Otros embargos (derechos sobre vehículos, sobrantes de subastas, máquinas recreativas, etc.)
  • Tratamiento y gestión de fallidos y de créditos incobrables. Aparte de permitir las posteriores derivaciones por responsabilidad subsidiaria, en Burjasot (Valencia) y Almassora (Castellón) se ha efectuado una depuración significativa de créditos incobrables, lo que permite concentrar esfuerzos en la deuda cobrable.
  • Sucesiones, derivaciones de deuda y requerimientos en virtud de hipoteca legal tácita
  • Seguimiento y gestión de la deuda en situación de concurso de acreedores, mediante la herramienta propia CGI_ConAcree, con la que se efectúa el cruce diario de información concursal generada en todo el territorio

La eficiente comunicación entre el personal municipal de Tesorería/Recaudación y el de CGI, tanto el que opera en la zona como el de los equipos que trabajan en remoto al servicio del proyecto, es la clave para la obtención de resultados, como ha sucedido en Puerto del Rosario (Fuerteventura), Benetússer (Valencia) y Valle de Egüés (Navarra), entre otros. La colaboración dinámica del personal municipal se extiende en muchos casos al personal del Área de Gestión Tributaria, por su papel clave en la correcta determinación de los datos de los obligados al pago y la cuantía de la deuda, como atestigua la experiencia del Ayuntamiento de Viana (Navarra), con una destacable depuración y corrección de los domicilios fiscales.

+info en www.cgi.es/femp

(artículo publicado en Carta Local nº 342 Enero 2021). Descargar en .pdf

Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) es la empresa adjudicataria para las Entidades Locales asociadas y entes dependientes en las Comunidades Autónomas de País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Valencia, Islas Baleares, Murcia, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía e Islas Canarias.

 

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