El trabajo conjunto entre CGI y diversas entidades locales contribuye a la reducción de infracciones y de accidentes, así como a un aumento de los ingresos públicos

En febrero de 2020 ya escribimos sobre cómo varios factores combinados están exigiendo a los ayuntamientos atender de forma prioritaria todo lo relacionado con la seguridad vial y la gestión de la movilidad. Las recientes directivas europeas y una cada vez mayor concienciación respecto a la necesidad de reducir accidentes y emisiones contaminantes son el motor de esta prioridad municipal. Hoy detallaremos cómo diversos servicios orientados a esta línea y que se están prestando con éxito en más de 15 municipios de la geografía española están contribuyendo efectivamente a la pacificación del tráfico rodado en ciudades y pueblos.

La capacidad de un municipio de actuar preventivamente en materia de seguridad vial y gestión de la movilidad tiene en la tecnología un aliado imprescindible. El despliegue de dispositivos especializados como radares, “foto rojos” (que detectan cuándo un vehículo se salta el semáforo en rojo) o sistemas de cámaras OCR interconectadas que graban los accesos y las salidas de un determinado perímetro, son herramientas imprescindibles para la pacificación de las calles y la reducción de emisiones contaminantes en los centros de las poblaciones. Estos dispositivos generan denuncias “automáticas” a los infractores y, por ello, la tramitación es más compleja que cuando se formulan a través de un dispositivo móvil o rellenando un boletín por parte de la Policía Local. Esta mayor complejidad radica en la lectura automática de matrículas y otros datos, su tratamiento y la posterior validación por parte del instructor.

CGI ha añadido a su capacidad de tramitación de multas de tráfico, con aplicaciones y metodologías contrastadas en multitud de proyectos, la prestación de diversos servicios relacionados con la pacificación del tráfico, entre los que destacamos los siguientes:

• Gestión para la realización de campañas periódicas de control de velocidad en casco urbano y travesías, con radar embarcado en vehículo y operador que realiza la captación de imágenes
• Gestión de dispositivos “foto rojo” para el control de vehículos que se saltan semáforos en rojosituados en vías en las que la competencia sancionadora es municipal
• Cesión, instalación y gestión de cámaras OCR para el control de vehículos que acceden a una zona restringida o por una dirección indebida.

Todos los servicios anteriores se efectúan en las ubicaciones (y fechas, en el caso de radares) que decide cada Ayuntamiento y en coordinación con las Policías Locales.

Sin riesgos: cesión temporal de dispositivos y pago mediante un % de los ingresos efectivos de las multas tramitadas

CGI suministra o cede temporalmente los dispositivos de tecnología avanzada necesarios para el cumplimiento de las normas de tráfico y la mejora de la seguridad vial en los núcleos urbanos. Estos dispositivos de videovigilancia extraen información completa para la tramitación: matrícula, fecha, hora, ubicación, etc. Los datos y las evidencias visuales de la infracción se envían a un centro de control. Con las imágenes validadas por parte del instructor, en un proceso en el que puede colaborar la empresa para descartar las imágenes de inviable tramitación (fotos con visualización deficiente, vehículos identificados de modo insuficiente, …), se inicia el procedimiento sancionador.

La empresa complementa estas propuestas con la prestación del servicio de colaboración en la tramitación y posterior recaudación de los expedientes sancionadores.

Desde enero hasta mayo de 2021 CGI ha colaborado con diversos ayuntamientos en la tramitación de 6.950 denuncias a partir de estos dispositivos. En el cuadro siguiente se detallan algunos datos de 5 municipios en los que se han llevado a cabo estos servicios a partir de la implantación de dispositivos (radar embarcado en vehículo con operador, “foto rojo” o cámara OCR):

Esta tramitación ha comportado un aumento de ingresos municipales en concepto de recaudación de multas de tráfico. Este incremento se empieza a reflejar en las cuentas municipales al cabo de unos 3 meses desde la formulación de la denuncia, una vez efectuada la tramitación inicial y transcurridos los plazos de pago con descuento. Finalmente, la eficacia de la implantación de estos dispositivos y la tramitación de denuncias efectuada se ha demostrado mediante la reducción de infracciones relativas a la seguridad vial en todos estos municipios, objetivo final de estos servicios y en línea con los retos de reducción de víctimas y de emisiones contaminantes.