CGI, única adjudicataria del Acuerdo Marco de la FEMP en materia de asistencia técnica para la inspección tributaria y el procedimiento sancionador
El Acuerdo Marco licitado por la Central de Contratación ofrece una solución ágil para potenciar la inspección tributaria de las entidades locales
Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) ha resultado adjudicataria de todos los lotes geográficos del Acuerdo Marco licitado por la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relativo a los servicios de asistencia técnica para la inspección tributaria y el procedimiento sancionador de las infracciones que pudieran derivarse. Dicho Acuerdo Marco ha entrado en vigor en junio de 2024, con una duración de 12 meses, prorrogable hasta 4 años.
Este Acuerdo Marco tiene como objetivo facilitar a las entidades locales la contratación de estos servicios, que excluyen cualquier actuación que implique ejercicio de autoridad o menoscabo de funciones reservadas a funcionarios públicos, mediante unas tarifas a éxito -un porcentaje sobre la recaudación efectuada- y otras condiciones ya definidas en el Acuerdo Marco y en la oferta de CGI.
La contratación se puede efectuar en solo 3 pasos, lo que comporta un notable ahorro de tiempo y costes:
- Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP.
- Designación de usuario de la entidad local para la gestión del contrato basado desde la plataforma informática.
- Adjudicación del contrato basado en el Acuerdo Marco a través de un procedimiento rápido y ágil, con una resolución por parte de Alcaldía, Junta de Gobierno o Pleno, según corresponda. Para el cálculo del valor estimado del contrato basado, la Central de Contratación de la FEMP y CGI proporcionarán el soporte necesario.
Con esta adjudicación, CGI consolida su posición de liderazgo en el sector de la colaboración con las entidades locales en materia de inspección y procedimiento sancionador, y refuerza su compromiso para contribuir a adecuar las bases de los tributos y de otros ingresos de derecho público a la realidad, con criterios de equidad fiscal. Para ello, se pone a disposición de las entidades locales la mejor tecnología y unos procesos de trabajo que garantizan resultados positivos.
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